JORGE MANCO ZACONETTI
Al margen del impuesto extraordinario a las utilidades extraordinarias mineras en razón del llamado “boom de los precios” que requiere toda una modificación de la ley de minería, una revisión de los contratos de estabilidad tributaria, jurídica y administrativa que tienen fuerza de ley, y ante la eventualidad de posibles recursos de queja en tribunales arbitrales internacionales donde el Estado tiene todas las de perder, el presente gobierno ha tenido que elegir entre la teoría y la praxis, entre el programa ganador y la realidad concreta. El camino elegido ha sido la voluntad del diálogo y la fuerza de la razón entre las partes involucradas ante posibles conflictos que apuntan en el fondo a una redistribución de la renta minera.
El reciente acuerdo entre el Estado, Mra. Cerro Verde y Municipalidades de la altiva y rebelde Arequipa señalan el camino de lo que serían las próximas negociaciones, donde una empresa como Cerro Verde que tiene como accionistas a la Phelps Dogde, Buenaventura y la japonesa Sumitomo han puesto el piso para las otras empresas mineras de US $ 50 millones de dólares como un fondo de responsabilidad en obras de saneamiento y tratamiento de aguas residuales que demorarían unos dos años. Es decir estarían aportando US $ 25 millones en el presente año que de lejos se financian con las utilidades obtenidas en el primer semestre que fueron de US $ 237 millones.
La lógica de este aporte voluntario de las empresas exige y supone que no puede ser deducible del impuesto a la renta, pues de ser así el impuesto a la renta pagado y por tanto el canon se verían afectados en los próximos años. No se trata de “desvestir un santo para vestir a otro” afectando las arcas fiscales y los recursos de las provincias mineras.
Se debe tener presente que los proyectos de cobre en el largo plazo realizados por las empresas transnacionales de prestigio suponen un precio de US $ 1 a US $ 1.20 por libra para los próximos años veinte años como mínimo. Es más, las empresas como Antamina en sus estudios de factibilidad realizados en 1996 proyectaban sus ingresos y utilidades con un precio de 0.90 centavos de dólar por libra de cobre, con tasas de rentabilidad de 15 %. Hoy los precios internacionales de la libra de cobre están por encima de los US $ 3.56 centavos y todo augura que no bajarán de ese piso por lo menos en los próximos 24 meses.
Los ingresos y las utilidades operativas de la Sociedad Minera Cerro Verde hablan por sí mismo. Entre el 2003 al primer semestre del 2006 las utilidades operativas que resultan ser el mejor indicador de la rentabilidad de una empresa, han pasado de US $ 52 millones a US $ 237 millones. El lector debe sacar sus propias conclusiones. En verdad el Fondo de Responsabilidad Social Minero tiene en el aporte extraordinario y voluntario una fuente fundamental que debiera durar o tener correspondencia con el “boom de precios”. Y los recursos no debieran estar solamente limitados a las obras de infraestructura básica ejecutadas por la propia empresa en coordinación con las comunidades del entorno, los más pobres, y autoridades locales, para así superar las barreras del burocrático Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.
Se trata de construir ventajas competitivas en la población campesina del entorno a las minas, con educación de calidad, con proyectos productivos y ambientales que deben estar en la base del programa de “Sierra Exportadora”. Por tanto ese aporte voluntario no puede ser menor al 10 % de las utilidades operativas gracias a la exitosa negociación del actual Presidente del Consejo de Ministros. ¡La Mra. Cerro Verde ha puesto el piso!
(*) Publicado el 13 de Agosto de 2006 en el diario La Razón
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